Hacia un sistema educativo más justo y respetuoso

En este momento, se encuentra en fase de tramitación el Proyecto de Decreto por el que se
desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, sobre el reconocimiento de la autoridad docente, una
norma clave que profundiza y concreta los aspectos recogidos en la mencionada ley para dotar al
profesorado de herramientas efectivas en el ejercicio de su labor. Como abogada especializada en
derecho educativo, he tenido la oportunidad de analizar este borrador y formular alegaciones al
texto, con el objetivo de contribuir a su mejora y asegurar que cumpla con las necesidades reales del
sistema educativo.


El decreto desarrolla cuestiones esenciales para fortalecer la posición del profesorado en los centros
educativos. Por ejemplo, regula de manera más detallada el deber de respeto hacia el profesorado,
no solo en el ámbito de las aulas, sino también en actividades complementarias y extraescolares.
También introduce disposiciones específicas para consolidar el marco normativo que respalda la
autoridad pública de los docentes, establecida en la Ley 3/2021, garantizando que esta se aplique de
forma homogénea en todos los centros educativos, públicos y concertados.


En mis alegaciones, he planteado la necesidad de incorporar medidas adicionales para responder a
los desafíos actuales de la comunidad educativa. Una de las propuestas realizadas es la inclusión de
un protocolo que permita al profesorado actuar de manera inmediata ante el uso inadecuado
de dispositivos móviles en el ámbito escolar. Esta medida, fundamentada en precedentes judiciales
y en la normativa vigente, busca dar una respuesta efectiva a problemas como el ciberacoso o la
difusión de contenido inadecuado, siempre respetando los derechos fundamentales del alumnado.


Otra de las propuestas presentadas en mis alegaciones es la inclusión de un procedimiento de
reprobación dirigido a gestionar las conductas graves de falta de respeto hacia el profesorado,
cometidas por los representantes legales del alumnado. Este mecanismo, que sería incorporado a las
normas de convivencia de los centros educativos, permitiría abordar estas situaciones de forma
estructurada, ágil y transparente. La propuesta incluye la posibilidad de que los centros educativos
tramiten estas infracciones a través de sus consejos escolares, con garantías de audiencia para las
partes implicadas y la posibilidad de adoptar medidas proporcionales, como la restricción temporal
del acceso al centro educativo por parte de los responsables. Este procedimiento tiene como
objetivo proteger la dignidad del profesorado, reforzar el respeto mutuo y garantizar un entorno
educativo basado en la convivencia, sin menoscabar los derechos de las familias a estar informadas
y participar en el proceso educativo de sus hijos.


Otro punto relevante del proyecto es el reconocimiento de que las normas de convivencia deben ser
una herramienta central en los centros educativos, incluyendo procedimientos claros para abordar
conflictos y promover una convivencia sana. En este sentido, he propuesto ajustes para garantizar
que estas normas no solo protejan al profesorado, sino que también fomenten un entorno educativo
basado en el diálogo y el respeto mutuo.


El Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 3/2021 es una oportunidad para consolidar
un marco normativo que refuerce la labor del profesorado y fomente un clima de convivencia y
respeto en nuestras aulas. Sin embargo, su efectividad dependerá no solo de la correcta
implementación de las medidas propuestas en el texto, sino también de la incorporación de ajustes y
mejoras que respondan a las necesidades reales del profesorado y de los centros educativos. Solo
con un compromiso conjunto de la administración y la comunidad educativa será posible
garantizar que este decreto se traduzca en una mejora tangible para el sistema educativo
andaluz y para quienes, día a día, dedican su esfuerzo a formar a las generaciones del futuro.

Si te interesa conocer más sobre estas propuestas y cómo podrían aplicarse a tu entorno educativo, agenda una llamada conmigo y exploraremos juntos cómo abordar estos retos.

Resuelve tus dudas en una sesión de claridad de 20 minutos


Sara I. Prieto Vidal

Especialista en derecho administrativo, con especial incidencia en el derecho educativo y regulatorio.

Abogada y socia responsable del área de Derecho Administrativo e Instituciones.

Formación destacada:

  • Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba.
  • Diplomada en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de Córdoba.
  • Experta Universitaria en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo por la Universidad Internacional de Andalucía.
  • Experta Universitaria en Gestión y Administración de Fundaciones por la UNED.

Experiencia destacada:

  • Profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola Andalucía y en distintos Cursos de Posgrado de Formación de Directivos..
  • Responsable del Área Contencioso-Administrativa del Departamento Jurídico de Escuelas Católicas de Andalucía.
  • Asesora jurídica de distintas titularidades educativas.

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