La atención a la diversidad en los centros educativos es un pilar fundamental para garantizar una educación inclusiva y equitativa. Sin embargo, la realidad actual demuestra que el número de alumnos con dictamen de escolarización que requieren recursos específicos es cada vez mayor, lo que dificulta su adecuada atención con las partidas presupuestarias asignadas. La insuficiencia de medios económicos limita la capacidad de los centros para ofrecer el apoyo necesario a este alumnado, generando una brecha entre las necesidades reales y la disponibilidad de recursos.
El informe de la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa señala la importancia de garantizar que todo el alumando, independientemente de sus necesidades, cuente con los apoyos adecuados para su desarrollo académico y social. Según este organismo, la falta de financiación y recursos especializados en los centros educativos constituye una barrera para la inclusión efectiva y la equidad en el acceso a la educación. Además, subraya la necesidad de adoptar enfoques holísticos que combinen estrategias pedagógicas inclusivas con una adecuada asignación de recursos materiales y humanos. La existencia de un sistema educativo capaz de responder a la diversidad es crucial para evitar que los alumnos con necesidades especiales queden rezagados y sufran desigualdades en su desarrollo.
En Andalucía, el proceso de concertación de unidades de apoyo a la integración está en marcha. Como miembro de la Comisión Provincial de Conciertos en Córdoba y asesora jurídica de Escuelas Católicas Andalucía soy consciente de que los centros andaluces afiliados esta organización han solicitado 188 nuevas unidades para atender a este alumnado. Esta solicitud responde a una creciente demanda que, año tras año, se enfrenta a los límites impuestos por los recursos disponibles. Sin embargo, la concertación sigue supeditada a las disponibilidades presupuestarias, en lugar de responder a la demanda real de los centros y de su alumnado. Esta situación es insostenible y vulnera el derecho de los menores a recibir una educación adaptada a sus necesidades.
El marco normativo respalda esta exigencia. El artículo 73 de la LOE establece que las Administraciones educativas deben garantizar el apoyo necesario a los alumnos con necesidades educativas especiales desde el momento de su escolarización o detección de su necesidad. Asimismo, el artículo 71 prevé la obligación de disponer de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Por su parte, el artículo 87 de la LOE y el artículo 118 de la LEA refuerzan esta obligación, asegurando la financiación para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros concertados.
Además, a este problema hay que sumar la insuficiente dotación de los departamentos de orientación de los centros. En Educación Primaria, la ratio de profesorado no contempla horas de orientación, y en Educación Secundaria solo se asigna una hora por unidad. En la práctica, esto significa que la orientación educativa depende de las aulas de apoyo a la integración, cuyos profesionales asumen una carga de trabajo cada vez mayor. Además de la atención a la diversidad, deben participar en procesos de evaluación, detección de altas capacidades y aplicación de protocolos específicos, lo que multiplica sus funciones sin un refuerzo en la dotación de recursos. Esta sobrecarga de trabajo repercute en la calidad de la atención que pueden brindar, afectando tanto a los alumnos con necesidades especiales como al conjunto de la comunidad educativa.
Es imprescindible que las Administraciones educativas tomen medidas urgentes para garantizar una adecuada dotación de recursos. No se trata solo de incrementar el número de unidades de apoyo a la integración, sino de establecer un marco de financiación estable y suficiente que permita a los centros educativos planificar y desarrollar estrategias inclusivas con garantías. La educación inclusiva no puede quedarse en una declaración de intenciones. Para que sea efectiva, es imprescindible dotar a los centros de los recursos adecuados y garantizar que la financiación responda a la realidad de las necesidades educativas. La falta de apoyo económico y de personal no solo afecta a los estudiantes con necesidades especiales, sino que impacta en toda la comunidad educativa.
Si realmente queremos construir un sistema educativo equitativo y de calidad, es imperativo que las Administraciones adopten medidas concretas y refuercen la concertación de unidades de apoyo a la integración, garantizando así que ningún alumno quede atrás por falta de recursos. La educación inclusiva es una responsabilidad compartida y su éxito dependerá de la voluntad y compromiso de todos los actores implicados en el sistema educativo.
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Sara I. Prieto Vidal
Especialista en derecho administrativo, con especial incidencia en el derecho educativo y regulatorio.
Abogada y socia responsable del área de Derecho Administrativo e Instituciones.
Formación destacada:
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba.
- Diplomada en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de Córdoba.
- Experta Universitaria en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo por la Universidad Internacional de Andalucía.
- Experta Universitaria en Gestión y Administración de Fundaciones por la UNED.
Experiencia destacada:
- Profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola Andalucía y en distintos Cursos de Posgrado de Formación de Directivos..
- Responsable del Área Contencioso-Administrativa del Departamento Jurídico de Escuelas Católicas de Andalucía.
- Asesora jurídica de distintas titularidades educativas.
